En el sector de Higiene y Seguridad se ha comenzado a difundir la ISO 3941:2026 como una exigencia inmediata. Es imperativo aclarar que, desde el punto de vista legal, esta norma no es obligatoria en la República Argentina.
En Argentina, las organizaciones se rigen por el marco legal vigente, no por estándares internacionales de adopción voluntaria. Una norma ISO solo se vuelve exigible cuando:
La organización decide certificarla voluntariamente.
Un organismo estatal la adopta expresamente mediante una Ley o Resolución.
A la fecha, el ordenamiento jurídico argentino no ha adoptado la ISO 3941:2026.
Sustento Normativo Vigente en Argentina
La protección contra incendios y la seguridad laboral están reguladas por un bloque sólido de leyes y decretos:
- Ley 19.587 (Higiene y Seguridad en el Trabajo): Ley base nacional.
Decreto 351/79 (Capítulo 18): Establece la clasificación de fuegos (A, B, C, D y K), cálculo de carga de fuego, tipos de extintores y condiciones de protección pasiva/activa.
- Ley 24.557 (Riesgos del Trabajo): Sistema de prevención bajo la órbita de las ART.
- Decreto 911/96: Especificidades para el sector construcción.
- Ley 25.054 (Bomberos Voluntarios): Marco para las fuerzas de respuesta, bajo autoridad técnica nacional.
La principal confusión radica en la clasificación de fuegos. Mientras que la normativa internacional tiende a unificarse, en Argentina debemos cumplir con lo estipulado por el Anexo VII del Dec. 351/79 y las normas IRAM de referencia obligatoria.
¿Cuál es la utilidad de la ISO 3941:2026?
Es una herramienta valiosa, pero debe ser utilizada correctamente:
Como referencia técnica: Para elevar estándares de seguridad.
Como buena práctica: En empresas multinacionales con políticas globales.
No es un requisito legal: Su incumplimiento no genera sanciones administrativas.
No es criterio de auditoría oficial: Ningún inspector estatal o de ART puede exigirla por sobre la Ley nacional.
Conclusión
El verdadero riesgo no es ignorar una actualización ISO, sino desconocer la legislación nacional. Aplicar criterios internacionales sin sustento legal genera confusión en el personal y vulnerabilidad jurídica ante siniestros.